Delitos en materia de Propiedad Intelectual

A través de la adecuada protección de la propiedad intelectual, que abarca derechos de autor y derechos conexos, los derechos de propiedad industrial y derechos relativos a obtenciones vegetales, se promueve el crecimiento económico de las personas naturales o jurídicas que invierten diariamente en la creación e innovación de obras, productos o servicios que todos disfrutamos.

A pesar de que los activos como el software, las obras de arte, los libros, las marcas, las invenciones, las obtenciones vegetales, entre otros, comparten lo inmaterial de su valor como una característica común, no están exentos de actos infractores que atentan contra sus titulares, especialmente, a través de la piratería o el plagio.

El Código Orgánico Integral Penal vigente en Ecuador reconoce y sanciona penalmente los actos delictivos cometidos contra la propiedad intelectual, imponiendo penas privativas de libertad, multas y comisos de productos a quienes cometan estas conductas a sabiendas, con fines de lucro y a escala comercial.

Si bien la inclusión ampliada de esta regulación específica para la defensa de los activos intangibles fue realizada en septiembre de 2021, aún no existe suficiente conocimiento y activación de la vía penal para garantizar la aplicación adecuada de las normas que están dirigidas a combatir el comercio ilegal y el fraude al consumidor.

Usualmente, los titulares de derechos de propiedad intelectual activan la vía administrativa frente al Servicio Nacional de Derecho Intelectuales – SENADI, a través de acciones de observancia como lo es la Tutela Administrativa. Si bien esto puede ser lo adecuado en algunos casos, frente a actos de comercialización a gran escala o actos in fraganti, donde predomina el dolo detrás de perjudicar a los activos intangibles, es esencial que el brazo punitivo del Estado intervenga con mayor fuerza e inmediatez, lo cual ya es posible.

Dado que el derecho penal es una rama de última ratio, es decir, el último instrumento al que se recurre para proteger determinados bienes jurídicos, es necesario que el ciudadano conozca y se asesore de manera adecuada para contar con todos los elementos que componen la conducta tipificada y pueda acceder a la vía penal. Incluso, es crucial que se conozcan las circunstancias agravantes a las infracciones penales de derechos de propiedad intelectual y/o industrial en las que, por ejemplo, se haya enviado un apercibimiento legal de la infracción, o que los objetos materia de la infracción provoquen daños a la salud.

Rodríguez and Company es un estudio jurídico especializado en materia penal y propiedad intelectual, que cuenta con los conocimientos suficientes y experiencia necesaria para proteger a los clientes ante potenciales actos delictivos cometidos sobre sus activos intangibles.